SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que las autoridades judiciales y ministeriales tienen la obligación de investigar las desapariciones de mujeres defensoras de derechos humanos con una perspectiva de género e interseccionalidad. Esta decisión, tomada este martes 25 de agosto de 2026, subraya que la aplicación de este enfoque no es una opción discrecional para los juzgadores, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la verdad en casos de alta vulnerabilidad.

La determinación del máximo tribunal del país responde a la necesidad de reconocer las condiciones específicas de riesgo que enfrentan las mujeres que defienden derechos humanos en México. Al integrar la perspectiva de género, los jueces deberán analizar no solo el acto de la desaparición, sino el contexto de violencia sistemática, discriminación y las labores de activismo que la víctima realizaba antes de su privación de la libertad, evitando así que los prejuicios sociales influyan en las investigaciones.

El fallo de la SCJN enfatiza que el análisis interseccional es fundamental para comprender cómo factores como la etnia, la situación socioeconómica, la geografía y la actividad política o social de la mujer agravan su situación de riesgo. Con esta medida, se busca que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) estandaricen sus protocolos de búsqueda, incorporando elementos que permitan identificar patrones de violencia específicos contra este sector de la población.

Especialistas jurídicos han señalado que esta sentencia sienta un precedente relevante para los tribunales de todo el país, obligando a una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación que se encuentran actualmente en curso. La resolución busca romper con las omisiones institucionales que históricamente han dificultado la localización de mujeres defensoras y la sanción de los responsables materiales e intelectuales.

La Suprema Corte destacó que, ante la complejidad de estos casos, la autoridad debe actuar con la debida diligencia, evitando la revictimización de las familias y garantizando que los procesos judiciales consideren el impacto que la desaparición de una defensora tiene en su entorno comunitario y en la sociedad civil. Se espera que este marco normativo se traduzca en una mejora sustancial en la eficacia de las investigaciones ministeriales a nivel nacional.