México recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles ligados a Weinberg

El gobierno de México informó este sábado que ha concretado la recuperación de 5.8 millones de dólares derivados de la venta de doce propiedades. Estos inmuebles estaban vinculados a la red de prestanombres de la familia Weinberg, quienes fueron identificados por las autoridades como colaboradores cercanos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón.

La operación financiera fue ejecutada por las instituciones encargadas de la administración de bienes asegurados, siguiendo los procesos legales para la extinción de dominio sobre activos de procedencia ilícita. Según los reportes oficiales, la enajenación de estos bienes forma parte de una estrategia integral para repatriar recursos que fueron extraídos del erario público mediante contratos irregulares otorgados durante el sexenio pasado.

Las autoridades señalaron que este monto representa un avance significativo en la recuperación de los activos que permanecían en posesión de personas vinculadas a la estructura operativa de García Luna. La investigación, que ha sido sostenida durante los últimos años, busca desmantelar la red financiera que permitió el desvío de fondos públicos hacia cuentas y propiedades en México y el extranjero.

El equipo jurídico del gobierno federal indicó que continuarán los procedimientos legales para identificar y asegurar otros bienes que aún se encuentran bajo investigación. El objetivo central de estas acciones es reintegrar los recursos financieros al patrimonio nacional, asegurando que los bienes obtenidos por actos de corrupción sean recuperados en beneficio del Estado mexicano.

La venta de estas doce propiedades se suma a las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera en su lucha contra la corrupción. Las autoridades reiteraron que los procesos de extinción de dominio seguirán aplicándose conforme a la ley para recuperar cualquier activo que tenga un origen ilícito relacionado con funcionarios o contratistas de las administraciones anteriores.