Extorsión afecta hasta 5% de la cadena productiva del aguacate en México
El pequeño comercio advierte que la inseguridad impacta los costos operativos en el sector aguacatero, exigiendo integrar la exportación en la estrategia de seguridad nacional.
La cadena de valor del aguacate en México enfrenta un desafío crítico debido a la extorsión, delito que ha impactado hasta un 5% los gastos operativos de los productores y distribuidores en las regiones más afectadas. Este fenómeno, reportado desde inicios de 2026, ha generado una presión adicional en los precios finales y pone en riesgo la estabilidad de una de las industrias agroalimentarias más importantes para el país.
Representantes del pequeño comercio han señalado que la seguridad en las zonas de cultivo debe ser una prioridad absoluta, especialmente ante la cercanía de eventos de alta demanda como el Super Bowl. Según las cámaras del sector, es necesario que las autoridades federales, incluyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), integren el control de la exportación de este producto como un eje central dentro de la estrategia nacional contra la delincuencia organizada.
La propuesta del sector privado sugiere que una mayor vigilancia en las rutas de transporte y en los centros de acopio podría mitigar las pérdidas económicas derivadas de las cuotas impuestas por grupos delictivos. Los comerciantes enfatizan que, sin una intervención coordinada que garantice el libre tránsito de mercancías, el margen de beneficio para los pequeños productores continuará reduciéndose, afectando la competitividad del aguacate mexicano en los mercados internacionales.
Las organizaciones gremiales han manifestado que el objetivo es blindar la cadena de suministro para evitar que el sobrecosto de la extorsión se traslade íntegramente al consumidor final. Se espera que en las próximas semanas se establezcan mesas de diálogo con las autoridades competentes para definir protocolos de seguridad que protejan la integridad de los trabajadores y la viabilidad económica de las regiones productoras.
Finalmente, el sector advierte que el impacto negativo de este delito no solo afecta la rentabilidad, sino que también desincentiva la inversión en infraestructura agrícola. La recuperación de la confianza en las zonas rurales depende de acciones contundentes que aseguren que el ciclo de producción del llamado 'oro verde' se mantenga libre de interferencias externas que alteren su comercialización legal.
