Alicia Bárcena presenta los pilares de la nueva ley ambiental mexicana
La titular de la SEMARNAT expuso los diez ejes estratégicos que buscan fortalecer la protección biocultural y la justicia social en el manejo de los recursos naturales del país.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó este miércoles ante representantes del sector y especialistas los diez principios fundamentales que sustentan la nueva propuesta de ley ambiental para México. Este marco normativo busca transitar hacia un enfoque de prevención proactiva, integrando la justicia social y la protección biocultural como ejes rectores de la política pública nacional frente a la crisis climática.
Dentro de los puntos clave expuestos, la propuesta enfatiza la necesidad de una gestión ecosistémica que trascienda la visión extractivista. La iniciativa contempla la creación de mecanismos más robustos para la mitigación del cambio climático, priorizando la participación de las comunidades locales y pueblos originarios, quienes actúan como custodios de la biodiversidad en las regiones más vulnerables del territorio mexicano.
El documento técnico detalla que el enfoque de justicia social busca equilibrar el desarrollo económico con la preservación de los servicios ambientales. Entre las propuestas, destaca la creación de instrumentos financieros para la restauración de suelos y la protección de cuencas hidrológicas, además de una reestructuración de los procesos de evaluación de impacto ambiental para garantizar la transparencia y la consulta previa en proyectos de infraestructura.
La titular de la SEMARNAT destacó que esta normativa busca alinear la legislación nacional con los compromisos internacionales de sostenibilidad, pero adaptándolos a la realidad geográfica y social del país. La propuesta plantea que la protección del medio ambiente no debe ser un obstáculo para el progreso, sino el pilar sobre el cual se construya un modelo de bienestar a largo plazo para todas las entidades federativas.
El proceso legislativo continuará en los próximos meses con la apertura de foros de consulta en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Se espera que la discusión en el Congreso de la Unión permita integrar las visiones de académicos, organizaciones civiles y autoridades locales, fortaleciendo así el proyecto antes de su eventual votación en el pleno.
